Ciudadanos La calculadora sacaba humo. El contador preferido del gobernador José Manuel de la Sota cargaba números en forma frenética. Había que poner plata para frenar el autoacuartelamiento y los saqueos. El pacto salarial, tras 35 horas de rebelión, habría desencadenado un costo fiscal de más de $ 1.700 millones. El gasto en la planta de personal permanente de toda la Provincia ya acumula un alza anual de casi 50 por ciento.
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